Abogados de divorcio en Benalmádena

En el divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges presentan una propuesta consensuada sobre los hijos, las pensiones, la vivienda y las demás consecuencias de la ruptura. Suele reducir el tiempo, el coste y el desgaste emocional, pero el acuerdo debe estar bien estudiado y redactado.

Si no existe acuerdo, el divorcio será contencioso y el juzgado decidirá las medidas después de escuchar las posiciones y valorar las pruebas. Que el procedimiento comience de forma contenciosa no impide alcanzar un acuerdo posteriormente.

La custodia no se concede como premio a uno de los progenitores ni como castigo al otro. Debe buscarse la organización que proteja mejor el interés de los hijos dentro de las circunstancias reales de la familia.

Pueden valorarse la implicación previa de cada progenitor, sus horarios, la distancia entre los domicilios, las rutinas de los menores, la capacidad de atenderlos y la relación que mantienen con ambos. La custodia compartida tampoco exige necesariamente un reparto exacto del tiempo al cincuenta por ciento.

No existe una edad a partir de la cual el hijo pase automáticamente a decidir. Los menores tienen derecho a ser oídos y escuchados en las decisiones que les afectan, sin que su opinión pueda descartarse únicamente por no haber alcanzado una edad determinada.

La forma de escucharlos debe adaptarse a su edad, madurez y circunstancias. Su opinión puede ser relevante, pero no decide por sí sola: debe valorarse junto con los demás elementos del caso y siempre atendiendo a su interés superior.

Sí. La custodia compartida no elimina automáticamente la pensión de alimentos. Puede fijarse una aportación cuando existe una diferencia relevante entre los ingresos de los progenitores o cuando uno de ellos asume una proporción mayor de determinados gastos.

Lo importante es que las necesidades de los hijos queden cubiertas y que las cargas se distribuyan de manera proporcionada a la capacidad económica de cada progenitor.

No existe una cantidad idéntica para todas las familias. Se valoran las necesidades de los hijos, los ingresos y recursos de ambos progenitores y los gastos relacionados con vivienda, educación, salud y manutención.

Las tablas orientadoras pueden servir como referencia, pero no sustituyen el estudio del caso concreto. También conviene definir correctamente qué gastos se incluyen en la pensión y cómo se asumirán los gastos extraordinarios.

El uso de la vivienda no depende únicamente de quién figura como propietario. Cuando existen hijos, adquieren especial importancia sus necesidades, el régimen de custodia y la estabilidad que requieran. También deben valorarse las circunstancias económicas de ambos progenitores.

El derecho de uso, la propiedad de la vivienda y la obligación de pagar la hipoteca son cuestiones diferentes, por lo que conviene analizarlas conjuntamente antes de aceptar un acuerdo.

El divorcio no modifica por sí mismo el préstamo firmado con el banco. Si ambos cónyuges continúan siendo titulares, la entidad financiera puede reclamar el pago a los dos aunque el convenio o la sentencia establezcan que uno asumirá las cuotas.

Para que uno deje de responder frente al banco normalmente será necesaria la aceptación de la entidad. Quedarse con la vivienda y quedar liberado de la hipoteca no son necesariamente la misma cosa.

Marcharte no supone automáticamente renunciar a la propiedad de la vivienda ni perder la custodia. Sin embargo, la forma en que se organice la vida familiar desde ese momento puede adquirir importancia si la situación provisional se mantiene durante meses.

Antes de salir conviene prever el contacto con los hijos, los gastos, la hipoteca o el alquiler y cómo quedará documentada la nueva organización. Si existe violencia, amenazas o temor por la seguridad, la prioridad debe ser protegerse y solicitar ayuda inmediata.

Sí, pero las medidas no cambian automáticamente. Debe existir una modificación relevante de las circunstancias que justifique revisar la custodia, las visitas, la pensión u otras medidas establecidas.

Un cambio importante de ingresos, trabajo, domicilio o necesidades de los hijos puede resultar relevante. Mientras no exista un nuevo acuerdo aprobado o una resolución judicial, las medidas anteriores continúan vigentes y deben cumplirse.

Si existe una resolución judicial y no se cumplen las visitas, las estancias, el pago de la pensión u otras medidas, puede solicitarse su ejecución judicial y, en su caso, reclamar las cantidades pendientes.

Conviene conservar mensajes, justificantes bancarios, calendarios y cualquier prueba de los incumplimientos. Documentar lo que está ocurriendo permite estudiar con mayor precisión la actuación más adecuada.

Contar con asesoramiento antes de firmar permite comprender cómo afectará el acuerdo a los hijos, la vivienda, las pensiones y el patrimonio. Un convenio demasiado genérico o redactado sin prever situaciones habituales puede originar nuevos conflictos.

Revisarlo previamente no significa impedir el acuerdo. Significa asegurarse de que lo firmado refleja realmente lo pactado y puede aplicarse en la vida cotidiana.

Puedes ampliar información en nuestra guía sobre el convenio regulador.